Tras las asambleas comunitarias realizadas durante los meses de abril y mayo en las comunidades de Batey Yaco, Cambita, Hato Viejo, Hatillo y Los Guandules, en junio y julio se llevarán a cabo los encuentros con autoridades locales para integrarlas en el proyecto “Prevenir las violencias contra las mujeres en las comunidades de Batey Yaco, Cambita, Hato Viejo, Hatillo y Los Guandules de República Dominicana a través del impulso de una red de comunidades seguras y la mejora de su autonomía personal y económica” ejecutado por ASAD en colaboración con el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Las reuniones con las autoridades locales tienen una doble función esencial. Por un lado se trata de una explicación del proyecto para detallar a las autoridades los objetivos, estrategias y metodologías de la iniciativa, asegurando su alineación con los esfuerzos comunitarios. Y por otro lado se busca su vinculación para participar activamente en el desarrollo de este mismo, resaltando la importancia de su apoyo para el éxito del mismo.
El primer encuentro realizado ha sido con la alcaldesa del Distrito Municipal de la Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, y su equipo de trabajo, situado en el Municipio de Pedro Brand, al que pertenece la comunidad de Batey Yaco, en vinculación con la organización de base EMUDE.
¿Por qué se integran las autoridades locales?
El apoyo de las autoridades locales es crucial en varias fases del proyecto, especialmente en la resolución de la información recopilada por las mujeres durante las Caminatas Exploratorias. Estas caminatas forman parte de la metodología de Comunidades Seguras y permiten a las mujeres identificar áreas inseguras y recuperar el uso seguro de los espacios públicos. La implicación de las autoridades en este proceso es vital para implementar las mejoras necesarias y garantizar la seguridad en los espacios públicos.
La participación activa de las autoridades locales también juega un papel clave en la eliminación de las violencias contra las mujeres. Su colaboración puede facilitar la implementación de políticas y prácticas que promuevan la equidad de género y la seguridad en las comunidades, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros y justos para todas las personas.
