El Programa “Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” de ONU Mujeres se estableció en 2008 con la participación de AECID como uno de sus socios fundadores. Este programa surge como respuesta a la necesidad de prevenir y abordar las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres, especialmente en entornos urbanos, y para promover la conciencia, la recopilación de evidencia, campañas de comunicación y buenas prácticas en la prevención del acoso sexual y otras formas de violencia que afectan a mujeres y niñas en todo el mundo en los espacios públicos.

Desde 2011, esta iniciativa se ha ido desarrollando a través de gobiernos locales o estatales, organizaciones de derechos de las mujeres, grupos comunitarios de mujeres, organizaciones no gubernamentales y otros socios en diversos países del mundo, con el objetivo de crear espacios públicos seguros y dinámicos para mujeres y niñas en entornos urbanos, rurales y otros contextos.

En la República Dominicana, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) ha sido una de las organizaciones que ha adaptado esta metodología a través de la estrategia de Comunidades Seguras. El marco del proyecto “Prevenir las Violencias contra las Mujeres en las Comunidades de Batey Yaco, Cambita, Hato Viejo, Hatillo y Los Guandules de la República Dominicana, mediante el impulso de una red de comunidades seguras y la mejora de su autonomía personal y económica”, ejecutado por ASAD y CIPAF y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), tiene entre sus objetivos, generar un piloto que permita establecer Comunidades Seguras en diversas realidades dominicanas, ya sean zonas rurales, bateyes o barrios periurbanos de las grandes ciudades. La metodología abarca desde la alfabetización digital de mujeres hasta la formación en temas de equidad de género, percepción de violencias y la identificación de espacios en sus comunidades, así como la implementación de campañas de comunicación.

Recientemente, arrancó el proceso de planificación de Comunidades Seguras en cada una de las comunidades, que comenzará próximamente con asambleas comunitarias con mujeres y hombres de las comunidades involucradas, así como reuniones con autoridades locales, que se estima tendrá una duración total aproximada de 10 meses.